La región de Coquimbo enfrenta una crisis climática que se asemeja a un maremoto lento, una sequía que va avanzando de manera insidiosa y cuyas consecuencias son difíciles de dimensionar. Con los embalses en crisis, tan solo un 18% de su capacidad, y pronósticos de lluvias inciertos, la situación se torna cada vez más alarmante. A pesar de este contexto, las autoridades parecen adoptar una postura de calma y desinterés, permitiendo que la tragedia se desarrolle sin una respuesta adecuada. Mientras en las noticias se anuncian posibles terremotos, la sequía, que lleva años afectando a la región, no recibe la atención que merece por parte de los medios y encuestadoras. Este problema, a pesar de su gravedad, parece no ser considerado una preocupación por los chilenos, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad creciente.
El problema de la sequía en Coquimbo no se reduce únicamente a la disminución de las lluvias provocada por el calentamiento global; es el resultado de la falta de planificación y gestión de los recursos hídricos en una región que depende esencialmente de la agricultura y la minería. Las autoridades han utilizado el calentamiento global como una coartada, aludiendo a factores externos que escapan a su control. Sin embargo, la dura realidad es que la escasez de agua impacta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población, quienes no tienen acceso a los recursos necesarios para adaptarse a esta crisis, mientras que las élites disfrutan de mayores privilegios en el acceso al agua.
A pesar de la gravedad de la situación, las soluciones parecen dilatarse en el tiempo. En lugar de implementar políticas proactivas que mitiguen los efectos de la sequía antes de que se conviertan en crisis, las autoridades han reaccionado de manera reactiva, decretando emergencias y estableciendo planes una vez que la situación se ha vuelto crítica. La falta de voluntad política para abordar la problemática desde su raíz ha llevado la región a un punto sin retorno, donde las complejidades de un sistema hídrico mal gestionado han condenado a pequeños agricultores y comunidades rurales a una lucha constante contra la desigualdad y la vulnerabilidad social.
La historia de la gestión del agua en Chile, marcada por el Código de Aguas de 1981, ha concentrado los derechos de acceso al agua en manos de un pequeño grupo privilegiado. A pesar de un tímido intento de reforma en 2022 que buscaba priorizar el uso humano y ecológico, los derechos de propiedad del agua permanecen en manos privadas. Esto ha generado una competencia desleal entre las grandes industrias extractivas y la población general, donde los más pobres y vulnerables se ven forzados a sobrevivir con cada vez menos recursos. Mientras las lluvias pueden no caer, los dueños del agua seguirán teniendo acceso a este recurso vital, reafirmando la estructura de desigualdad que impera en la región.
La sequía en Coquimbo no es un fenómeno natural aislado, sino una crisis multidimensional que refleja las profundas disparidades sociales y la falta de compromiso político. La responsabilidad recae sobre aquellos que han fallado en planificar adecuadamente la gestión del agua y en reconocer su importancia como un derecho humano esencial. Es fundamental que las autoridades actúen con determinación para restablecer el acceso equitativo al agua y para enfrentar la crisis del agua en su totalidad, asegurando que no sean siempre los más vulnerables quienes paguen el precio de esta creciente tragedia.