El trágico hundimiento de la lancha Bruma, que dejó a siete pescadores desaparecidos desde el 30 de marzo cerca de Coronel, ha sacudido el sector de la pesca artesanal en Chile. Según el senador Daniel Núñez, del Partido Comunista (PC), la embarcación industrial Cobra es la culpable de la tragedia, intensificando así el debate sobre la seguridad y los derechos de los pescadores artesanales. Durante una entrevista en Radio Nuevo Mundo, Núñez calificó este evento como «excepcional» y lamentó las precarias condiciones en las que operan muchos pescadores, quienes arriesgan sus vidas en el mar sin la certeza de regresar a casa. El parlamentario exigió urgentemente apoyo para las familias de los desaparecidos, muchas de las cuales dependen exclusivamente de esta actividad económica.
El accidente se produjo fuera de las cinco millas náuticas que están reservadas para los pescadores artesanales, donde la Bruma se encontraba buscando bacalao. Núñez ha denunciado que, tras el hundimiento, la nave industrial Cobra no prestó auxilio alguno, lo que agrava la situación; en cambio, fue una embarcación argentina la que acudió para brindar asistencia. Esto refleja un conflicto abierto entre la pesca artesanal y la industrialización del sector, donde la legislación actual, calificada como «corrupta» por algunos, favorece a las grandes empresas. El senador ha enfatizado que este tipo de incidentes denuncia la falta de protección hacia los pescadores artesanales, quienes a menudo operan en condiciones de riesgo sin la capacidad de defenderse contra estos gigantes del mar.
El impacto de la tragedia ha coincidido con el avance en el Senado de la nueva ley de fraccionamiento pesquero, que busca redistribuir cuotas de pesca en favor de los pescadores artesanales. Este proyecto es visto como una forma de pagar una deuda histórica hacia este sector. Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencia y presiones de parte de la industria pesquera, quienes intentan retrasar su aprobación a pesar de que se requiere una discusión inmediata. Núñez, quien es parte de la Comisión Marítima, considera que es fundamental priorizar a los pescadores artesanales asegurando que un mayor porcentaje del total de la merluza y del jurel sea destinado a su consumo, a la vez que se apueste por una pesca más sustentable.
A pesar de la aprobación general de la ley por 40 votos en el Senado, el camino hacia la promulgación definitiva se ha visto entorpecido. Recientemente, la Sala rechazó importantes indicaciones que pretendían fijar una cuota específica de 70% para la merluza y 30% para el jurel, lo que ha llevado el proyecto a una Comisión Mixta para su revisión. Assessores han advertido sobre la posibilidad de que la industria pesquera presente controversias de inconstitucionalidad si no se consideran sus intereses, lo que añade más tensión al proceso legislativo en curso. A pesar de estos obstáculos, Núñez se muestra optimista respecto al consenso para que la ley sea despachada pronto, concienciando sobre la necesidad de transparencia y sostenibilidad en la pesca.
En medio de la conmoción por el accidente y las tensiones legislativas, el senador Núñez ha dejado claro que los recursos pesqueros son un patrimonio nacional y no deben estar en manos de unas pocas empresas. Ha rechazado rotundamente cualquier indemnización a la industria pesquera por cambios propuestos en las cuotas, argumentando que es un deber del Estado proteger los recursos naturales en beneficio del pueblo. La necesidad de una reforma real en el sistema pesquero chileno es evidente, y la búsqueda de un equilibrio entre la pesca artesanal y la industrial parece más urgente que nunca, especialmente tras la tragedia de la Bruma.