En un contexto educativo marcado por el aumento de los conflictos, la Ley de Convivencia Escolar se presenta como una respuesta ante la alarmante realidad que enfrentan nuestras comunidades educativas. Según un informe de la Superintendencia de Educación, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 14.931 denuncias, de las cuales un abrumador 74,3% está relacionado directamente con la convivencia escolar. Este número no es simplemente un dato estadístico; representa la crisis que supone la fractura en la interacción dentro de las aulas. La nueva legislación, que busca abordar la violencia, el acoso y la desregulación, es un paso legítimo hacia la mejora del ambiente escolar, aunque su efectividad dependerá de cómo se implemente en la práctica.
El académico Juan Pablo Catalán plantea una inquietante interrogante: ¿mejorará esta ley la autoridad pedagógica del docente o, por el contrario, agravará la burocracia existente? En un análisis de reformas educativas en Iberoamérica, se ha evidenciado que uno de los riesgos más destacados es la carga administrativa excesiva que enfrentan los educadores, lo cual desvía el enfoque de su labor pedagógica. Así, mientras los docentes se ven sobrecargados con formularios y protocolos, el tiempo y la energía que podrían dedicarse a la formación y gestión del aula se ven considerablemente reducidos. La convivencia escolar no puede ser resuelta desde un mero formulario, sino que requiere del liderazgo y la autoridad que los profesores deben ejercer en los espacios educativos.
En esta línea, la UNESCO subraya que el bienestar escolar no depende únicamente de marcos normativos, sino de culturas institucionales robustas y un liderazgo pedagógico efectivo. Para Catalán, esto sugiere que la convivencia se construye a través de prácticas cotidianas de educación, y que sin una autoridad pedagógica sólida, cualquier política queda coja, limitándose a tratar el síntoma sin afrontar las causas profundas del problema. Así, el Ministerio de Educación ha señalado la corresponsabilidad como un principio clave de la nueva Política Nacional de Convivencia Educativa, pero es crucial que esto no se convierta en una mera declaración vacía.
La corresponsabilidad en la gestión de conflictos requiere acompañamiento real y recursos claros para que cada docente pueda actuar con el respaldo necesario. Sin una base jurídica que apoye la actuación del profesor y sin la formación adecuada en gestión de aula, la autoridad se desdibuja, lo que provoca una erosión en la confianza que la comunidad educativa tiene en su figura. La defensa de la autoridad no debe ser confundida con autoritarismo; más bien, representa el reconocimiento de que la enseñanza efectiva necesita de una dirección profesional con legitimidad social.
Finalmente, el debate se centra no solo en la necesidad de una ley, sino en el tipo de mensaje que deseamos comunicar como sociedad respecto a la convivencia escolar. Si queremos seguir administrando el conflicto desde un escritorio, corremos el riesgo de perpetuar la crisis actual. Alternativamente, devolver la centralidad al aula, fortalecer la formación docente y reducir la burocracia redundante podría transformar radicalmente la experiencia educativa. La conclusión es clara: una escuela sin autoridad pedagógica no es más inclusiva ni democrática; es más frágil. La convivencia se construye a través de la educación, no solo de la regulación, y es vital restaurar la figura del docente como el garante principal de la formación ética y ciudadana de futuras generaciones.