La Corte de Apelaciones de Arica ha declarado inadmisible el recurso de protección interpuesto por Lin-Kiu Ly Fumey, consejera regional del Partido Nacional Libertario. Este recurso se presentó en respuesta a un reportaje de Radio BioBioChile que reveló su defensa de al menos 40 narcotraficantes, así como su actual presidencia en la Comisión de Seguridad regional. La decisión del tribunal, que fue dividida y que lleva el rol 130-2025, enfatiza la importancia de la libertad de prensa y la transparencia en la gestión pública.
El fallo de la Primera Sala, conformada por los ministros Marco Antonio Flores Leyton, Juana Ríos Meza y la abogada interina Sandra Negretti Castro, argumentó que Radio BioBioChile no vulneró los derechos constitucionales de Ly Fumey. En su decisión, la corte señaló que el recurso presentado no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución, que exige demostrar la existencia de hechos que constituyan una vulneración de derechos para ser admitido.
La resolución revisó los antecedentes del caso, indicando que el reportaje de Radio BioBioChile se basó en hechos documentados, como registros judiciales y entrevistas, y que no se identificaron transgresiones a los derechos constitucionales asegurados por la Carta Fundamental. Según el tribunal, el reportaje simplemente informaba sobre el historial profesional de la consejera, además de su cambio de partido político desde el Republicano al Partido Nacional Libertario, dirigido por Johannes Kaiser.
El tribunal reafirmó que para la presentación de un recurso de protección es indispensable establecer de manera clara la existencia de actos que vulneren derechos constitucionales. En este contexto, la corte agregó que si un recurso es presentado fuera de plazo o no se mencionan hechos concretos que constituyan tal vulneración, debe ser condenado a la inadmisibilidad. Esta normativa sostiene la integridad del sistema judicial y asegura que se respete el debido proceso.
La decisión fue comunicada oficialmente a través del portal del Poder Judicial el 17 de abril, generando un debate sobre el papel de las autoridades al vincularse con el narcotráfico. Este caso pone de manifiesto la relación entre la política y el crimen organizado, así como la importancia de la cobertura informativa que permite a la ciudadanía conocer la trayectoria de quienes ocupan cargos públicos, reafirmando un compromiso con la seguridad y la legalidad en la región.