La reciente aprobación del proyecto de Ley que reconoce el derecho al cuidado ha sido celebrada ampliamente, marcando un hito significativo en la política pública del país. Esta normativa no solo otorga dignidad a quienes requieren apoyo en sus actividades diarias, sino que también reconoce la labor fundamental de aquellos que se dedican a cuidar. María Isabel Robles, Directora de Programas de Apoyo y Cuidados de Hogar de Cristo, destacó que esta legislación representa un acto de justicia social, en un contexto donde las necesidades de cuidado se han vuelto cada vez más evidentes y urgentes.
El avance de este proyecto en el Senado es crucial para abordar la crisis actual de los cuidados. Robles enfatizó la importancia de que su tramitación sea ágil y productiva, asegurando que la nueva legislación no se quede en el papel. La directora subrayó que es imperativo establecer un enfoque basado en evidencia y en la experiencia institucional, lo que permitirá identificar los principales desafíos que enfrentan tanto los cuidadores como quienes reciben estas atenciones.
Uno de los desafíos más destacados por Robles es la necesidad de garantizar la autonomía y la vida interdependiente de las personas a través de mecanismos adecuados. Esto significa que no solo se debe asegurar el acceso a programas de apoyo, sino también garantizar la calidad de los servicios ofrecidos. Aspectos como la frecuencia, la pertinencia territorial y la universalidad son factores clave que deben ser cuidadosamente considerados para que la política realmente sea efectiva y responda a las diversas realidades de la población.
La directora también mencionó la importancia de ajustar la institucionalidad propuesta en el proyecto, sugiriendo una desconcentración de las responsabilidades ante la Subsecretaría de Evaluación Social. Este cambio buscaría promover una mayor intersectorialidad e interseccionalidad dentro del sistema, lo que a su vez facilitaría la colaboración entre los diferentes actores: el Estado, las entidades privadas y la comunidad en general, estableciendo una red sólida y efectiva de protección.
Finalmente, Robles concluyó que la pronta y efectiva implementación de esta ley no solo representa un avance en la garantía de derechos, sino que también ayuda a reparar una deuda social que ha permanecido oculta por años. Al establecer los apoyos y cuidados como una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad, se da un paso significativo hacia una comunidad más solidaria y comprometida con el bienestar de todos.