La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) llevó a cabo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro, para abordar la preocupación sobre el eventual fin del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Este encuentro se llevó a cabo en un contexto de creciente incertidumbre para el sector del transporte, el cual advierte que la eliminación del Mepco podría tener consecuencias devastadoras para toda la cadena logística del país.
Juan Araya, líder de la CNDC, expresó que sin el Mepco, los precios del diésel podrían experimentar aumentos significativos, alcanzando incrementos de entre $200 a $300 por litro. Esta situación conllevaría un impacto estimado en la cadena logística que oscilaría entre el 10% y el 19%, acentuando la presión sobre los costos operativos y, por ende, sobre los precios finales al consumidor.
El peso del transporte en la economía nacional es indiscutible, dado que moviliza más del 95% de los bienes del país. En el sector, operan alrededor de 40,000 empresas, la mayoría pequeñas y medianas empresas (pymes), que generan aproximadamente 250,000 empleos y contribuyen con cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta situación resalta la importancia del sector para la estabilidad económica y social del país.
Ante la posible eliminación del Mepco, la CNDC instó al gobierno a considerar alternativas que puedan mitigar el impacto negativo sobre el transporte y, por ende, sobre los consumidores. Durante la reunión, la CNDC agradeció la apertura al diálogo del ministro Quiroz, lo que refleja una actitud proactiva por parte del gobierno para encontrar soluciones a esta delicada situación.
La CNDC espera con anticipación el proyecto de ley que se derive de esta conversación, con la esperanza de que se incluyan estrategias viables para enfrentar el desafío que representa el aumento de los precios del diésel. La organización se mantiene alerta y dispuesta a colaborar en la búsqueda de caminos que aseguren la viabilidad del sector del transporte y la protección del poder adquisitivo de los consumidores.

