El próximo 3 de enero se espera que Chile revele la cifra oficial de pobreza, un dato crucial que será calculado mediante una nueva metodología más rigurosa y detallada, preparada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esta actualización, la más significativa en diez años, no es simplemente un ajuste técnico, sino una respuesta necesaria a las transformaciones sociales y económicas que han ocurrido en el país. En un contexto en el que el debate público está saturado de percepciones y consignas, pero a menudo carece de claridad, este desarrollo brinda una oportunidad para reevaluar cómo se protege a los sectores más vulnerables de la población.
La esencia de esta renovación radica en la comprensión de que la pobreza no es un fenómeno estático. La sociedad chilena ha evolucionado, así como las expectativas de sus ciudadanos en términos de bienestar y calidad de vida. Con ello, se hace imprescindible adaptar la forma en que se mide la pobreza, algo que fue ampliamente consensuado por la comisión presidencial que participó en la revisión de estos indicadores. Al incorporar nuevas variables y ajustar tanto las mediciones de pobreza por ingresos como las multidimensionales, el gobierno reconoce y se adapta a las complejidades actuales de la condición social.
Una de las modificaciones más destacables es la eliminación del controversial «alquiler imputado», un ingreso ficticio que distorsionaba la realidad económica de miles de hogares, especialmente en el 20% más pobre de la población chilena. Esta distorsión había permitido que muchas familias aparecieran como no pobres en los registros oficiales, a pesar de las dificultades reales que enfrentaban. Con esta revisión, se implementan líneas de pobreza diferenciadas que reflejan más de cerca la situación de quienes arriendan y quienes son propietarios, promoviendo un enfoque estadístico más responsable y alineado con la realidad social.
En cuanto a la pobreza multidimensional, se ha incrementado el número de indicadores de 15 a 20, lo cual permite evaluar no solo el acceso a bienes y servicios, sino también la calidad de estos. Aspectos como la educación, la salud, la informalidad laboral y la vivienda se miden con mayor precisión, permitiendo una mejor comprensión de las carencias que enfrentan los hogares. Claramente, un hogar se considera pobre multidimensional si presenta al menos cinco carencias, simplificando así la interpretación de estos datos y brindando una herramienta más útil para la formulación de políticas públicas.
Finalmente, la creación de la categoría de Pobreza Severa es un avance significativo en la visibilización de los hogares que enfrentan una exclusión extrema. Este enfoque no solo se enfoca en la pobreza por ingresos, sino también en las carencias multidimensionales que impactan en la vida diaria de las personas. Las estrategias para abordar esta problemática deben ser integrales y sostenidas, abarcando tanto transferencias monetarias como servicios sociales efectivos. Al abordar la medición de la pobreza con esta renovada claridad, Chile se coloca en una posición más prometedora para avanzar hacia la erradicación de la pobreza, convirtiendo este desafío en una oportunidad para la acción responsable y efectiva.