La reciente modificación a la Ley N° 825, publicada el 22 de mayo de 2025, ha generado un gran revuelo en el comercio de ferias libres en Chile. Esta reforma introduce un régimen tributario especial que promete transformar la forma en que operan los feriantes, abordando dos de los principales desafíos que han enfrentado: la informalidad y la complejidad de cumplir con las obligaciones tributarias. Al establecer un sistema más simplificado y accesible, se busca no solo mejorar la experiencia de los comerciantes, sino también fomentar la legalidad y la transparencia en este sector caracterizado por su dinamismo.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es el reemplazo del tradicional impuesto al valor agregado (IVA) del 19% por un impuesto sustitutivo del 1,5% sobre las ventas realizadas a través de medios de pago electrónicos autorizados. Esta medida no solo representa una reducción significativa en la carga tributaria para los feriantes, sino que también aligera de manera importante las exigencias administrativas, permitiendo que los comerciantes se enfoquen en lo que realmente importa: hacer crecer sus negocios. La implementación de este nuevo tributo es un paso hacia la modernización, alineándose con las tendencias globales de digitalización.
La clave del éxito de este nuevo régimen recaerá en el rol de las empresas proveedoras de servicios de pago electrónico, quienes serán responsables de retener y declarar el impuesto sustitutivo ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este enfoque no solo simplifica el cumplimiento tributario al eliminar trámites complicados, sino que también promueve una recaudación más eficiente y visible. La automatización del proceso representa un avance considerable en la relación entre feriantes y autoridades, y puede contribuir a una mejora en la percepción del sector por parte de la comunidad.
Es importante señalar que la reforma se enfoca en personas naturales que operan bajo su propio RUT, lo que excluye a empresas y sociedades, buscando así beneficiar directamente a los trabajadores informales del sector. Los feriantes podrán acogerse a esta normativa tras registrarse en el SII, donde se proyecta que comenzarán a disfrutar de los beneficios de este régimen tributario desde el primer mes de inscripción. Además, se establece que el costo máximo por transacción no podrá superar el 3,5%, lo cual incluye comisiones y todos los impuestos, garantizando así una mayor claridad en la gestión de sus recursos.
En conclusión, la modificación a la Ley N° 825 es un indicio claro del avance hacia la formalización y modernización del comercio popular en Chile. Sin embargo, el verdadero éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad de las instituciones públicas para acompañar a los feriantes en este viaje hacia la formalidad. La educación y el soporte durante la transición son cruciales, y de implementarse adecuadamente, 2026 podría convertirse en un año emblemático que marque el inicio de una nueva era para las ferias libres en el país.